En un juicio que ha captado la atención nacional, la justicia boliviana dictó una sentencia de ocho años de cárcel para el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz. Ambos fueron encontrados culpables de incumplir sus deberes y conducta antieconómica por la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo, una decisión tomada durante la administración interina de Jeanine Añez.
La Fiscalía y el Ministerio de Hidrocarburos presentaron pruebas convincentes, incluyendo una auditoría forense y testimonios, que demostraron el impacto negativo de la paralización en los ingresos del Estado y el deterioro de los equipos de la planta. Según estimaciones, la paralización de la planta causó una pérdida de 400 millones de dólares al Estado.
La fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales Romero, subrayó la solidez de las pruebas presentadas, mientras que el abogado del Ministerio de Hidrocarburos, David Talamas, detalló cómo la decisión de detener las operaciones de la planta dañó las turbinas y condujo a pérdidas económicas significativas.
Zamora y Soliz, junto con otros cuatro exfuncionarios también condenados, deberán cumplir sus penas en los penales de Chonchocoro y El Abra en La Paz y Cochabamba, respectivamente.
La sentencia completa del caso se leerá el 27 de noviembre, proporcionando más detalles sobre este juicio significativo. Esta decisión judicial no solo representa un hito en la rendición de cuentas de exfuncionarios, sino que también resalta la importancia de las decisiones administrativas y su impacto en la economía del país.