La polémica en torno a la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2023, recientemente promulgada por el presidente Luis Arce, se intensificó con las críticas del expresidente Evo Morales. A través de Twitter, Morales acusó al gobierno de intentar pasar «de contrabando» disposiciones adicionales en el presupuesto que, según él, buscaban perseguir y atentar contra la economía de los sectores informales.

Morales, líder del MAS-IPSP, afirmó que su partido siempre defenderá los intereses de los más humildes, mencionando específicamente a gremialistas, cuentapropistas, emprendedores y transportistas. Según él, estas comunidades trabajan en condiciones de informalidad debido a las políticas económicas «derechizadas, ortodoxas y conservadoras» de los actuales líderes del gobierno.

Esta declaración surge después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara la Ley de Modificaciones al Presupuesto, en una sesión que excluyó dos disposiciones controversiales. Estas disposiciones habían generado oposición en varios sectores, lo que llevó al Ministerio de Economía a solicitar su retirada para facilitar la aprobación del presupuesto.

Morales contrastó la protección de los intereses de los bancos con el tratamiento que recibe la economía del pueblo por parte del gobierno, sugiriendo una desviación de las políticas económicas del MAS-IPSP durante su presidencia. Estas declaraciones de Morales no solo destacan las tensiones internas dentro del MAS, sino que también subrayan el debate continuo sobre las políticas económicas y sociales en Bolivia.

La crítica de Morales refleja una división ideológica y un desafío para el actual gobierno de Arce, que busca navegar entre las exigencias de una economía en cambio y las expectativas de sus bases políticas.